ARGENTINA: Ya arrancaron los controles a la importación y
exportación de servicios y suma un nuevo miedo a los empresarios
03/04/2012 Pactar un contrato
de asesoramiento con una firma de otro país, traer un software, solicitar
soporte técnico externo, acordar con un call center o contratar una
"celebritie" ya no será igual que antes. Todas estas actividades
quedaron bajo la lupa oficial. Lo que viene y cambios al actual contexto
Por Juan Diego Wasilevsky
En su afán por desalentar la demanda de dólares, el
Gobierno identificó a dos de los grandes "enemigos" de su ambiciosa
política de "sintonía fina": por un lado, apuntó todo su armamento en
contra de los ahorristas y
empresas que demandan billetes verdes.
Por otra parte, desplegó un arsenal de medidas en contra de los importadores.
La decisión está basada en que, vía fuga de
capitales, fueron succionados del sistema unos u$s 22.000 millones a lo
largo del 2011, una cifra que estuvo a pasitos de romper el récord histórico,
alcanzado durante el complejo período que atravesó el país en 2008.
Como contrapartida, los importadores de bienes industriales generaron un
"agujero negro" de u$s 30.000 millones, una marca histórica que pudo ser
compensada gracias a las exportaciones del soja y demás materias primas.
Así, con la obsesión de garantizarse un "colchón" de
dólares para atravesar el 2012, el secretario de Comercio Interior, Guillermo
Moreno, viene implementando un plan de tolerancia cero contra los productos del exterior, desde
múltiples frentes:
·
Obligando a las empresas a exportar por
el mismo valor por el cual importan, sistema conocido como "1 a 1".
·
Apelando al férreo sistema de Licencias No Automáticas, un trámite cuya
aprobación puede demorar más de 180 días, triplicando lo permitido por la
legislación internacional.
·
Recurriendo a los temidos "telefonazos" a los CEO y gerentes
de empresas, para que lisa y llanamente pospongan pagos u órdenes de pedido en
el exterior.
·
Con las flamantes Declaraciones Juradas
Anticipadas de Importación, un trámite sin el cual no se autoriza
ninguna operación y el BCRA no libera dólares.
Hasta ahora, con estas medidas el "superministro de la
Sintonía Fina" le venía apuntando a los autos asiáticos
y europeos, a los juguetes de China, a la indumentaria brasileña y a la
tecnología importada de punta, sólo por citar algunos bienes que conforman un
enorme listado de productos traídos del exterior.
Sin embargo, Moreno ahora también ve como grandes "enemigos" de su plan para cuidar
los dólares tanto a un músico estadounidense, a un empleado de un call center que trabaja desde Montevideo como a un contador radicado en Santiago de Chile.
¿Qué tienen en común estas tres personas?
Que los servicios que ofrecen y que "compra"
la Argentina -ya sean profesionales o culturales-, en 2011 significaron una
erogación de más de u$s 4.300 millones para el país, según datos que se
desprenden del Banco Central.
En este contexto, y para "cerrar el círculo" sobre el dólar y poder controlar en
un 100% la demanda que recae sobre esta divisa, el Gobierno acaba de implementar las flamantes
Declaraciones Juradas Anticipadas
de Servicios.
En buen romance, cada vez que una empresa o un
individuo necesite contratar un servicio en el exterior, deberá pedirle permiso a la AFIP y esperar hasta obtener el visto
bueno para que el Banco Central libere las divisas necesarias para cancelar
dicha operación.
Si bien la medida también alcanza a los servicios de exportación, para los ejecutivos
de empresas está claro
que los mayores "riesgos" deberán ser afrontados por aquellos
que importen, es decir, por quienes contraten servicios de otros países y succionen
esas divisas que el Gobierno tanto pretende cuidar.
Entre los rubros que ya se ven alcanzados por la medida,
que comenzó a regir desde el 1º de abril, figuran: servicios de información e informática; patentes y marcas; regalías; derechos de autor; servicios empresariales
profesionales y técnicos; servicios personales, culturales y recreativos; pagos de garantías comerciales y servicios y derechos de explotación de películas, video y audio
extranjeras.
Cabe destacar que las operaciones de exportación por
estos conceptos -exceptuando viajes y logística- implicaron ingresos al país por u$s 5.750
millones en 2011, según datos del BCRA.
Al analizar la composición de esas ventas al mundo se
observa que casi 9 de cada 10 dólares correspondieron a los servicios profesionales
y técnicos, principalmente jurídicos, contables y de asesoramientos varios.
Sin embargo, como se indicó anteriormente, gran parte
de ese colchón de dólares fue "anulado" por las importaciones, que treparon hasta
los u$s 4.300
millones ese mismo año.
En este caso, la mayor parte también correspondió a
los servicios
profesionales (60%), seguido por regalías (24%) y operaciones
asociadas con prestaciones
del sector de la informática (8%).
Crece el malestar en el exterior
Estos mayores controles se lanzaron en un momento
complejo, considerando que días atrás unos 40 países presentaron una queja formal ante la OMC en contra de
los controles de Argentina a las importaciones.
En este contexto, el gerente de una de las cámaras empresarias más importantes
del país, y que pidió absoluto off the record por temor a ser
"amonestado" por el Gobierno, aseguró que el mayor miedo entre los
empresarios "es que puedan utilizar esta nueva herramienta para desalentar
las importaciones de servicios. Es decir que, de un día para el otro, un
funcionario diga que no se pueda implementar un software determinado, que ponga trabas
para contratar a un artista en el exterior o que una empresa no pueda contar con un servicio
profesional brindado desde otro país".
"Esto agregaría más incertidumbre, especialmente
a las grandes compañías, que constantemente requieren importaciones de este tipo, ya sea desde
soluciones informáticas hasta asesoramiento legal o contable", disparó el
directivo.
La medida no sólo preocupa a los ejecutivos locales, sino que se convirtió en un nuevo dolor
de cabeza entre los hombres de negocio del exterior, especialmente los de
Uruguay, que tiene una pujante y creciente industria sin chimeneas radicada en la
gravitante zona franca de Montevideo, donde cada día trabajan unas 8.000 personas, muchas de ellas
ofreciendo servicios que le venden justamente a la Argentina.
En ese polo están radicadas firmas de la talla de KPMG, Deloitte y Merril
Lynch.
Desde la Cámara de Zonas Francas del país vecino alertaron que ya se prevén "menos inversiones" y hasta incluso que se frenen desembolsos ya planificados a
causa de estos nuevos controles.
Desde la entidad dieron como un hecho que cerca del 30% de los servicios que se prestan desde
estos polos de negocios se verán afectados por las trabas impuestas por la
Argentina.
En la misma línea, y en diálogo con iProfesional.com, Marcelo Lombardi,
presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, alertó que numerosas
empresas cuyos negocios dependen de la Argentina "se encontrarán con
problemas" ahora que la normativa entró en vigencia.
"La heterodoxia que vemos es sorprendente. Nosotros
somos un país que nos manejamos con otros códigos, con mucha previsibilidad.
Pero está visto que las reglas de juego claras no forman parte del esquema de trabajo en
la relación bilateral y esto claramente nos complica", se quejó el directivo.
Lombardi confirmó a este medio que "lo que
estamos haciendo en estos momentos es recabar información sobre el impacto
específico que puede tener esta medida en nuestras exportaciones de servicios.
Lo que tenemos en claro es que estas nuevas declaraciones juradas van a generar problemas. No creemos que vayan
a fluir con total normalidad".
Acto seguido, aseguró que el universo que podría verse
impactado por este nuevo "cerrojo" alcanza operaciones de servicios por unos u$s 600
millones anuales.
En este contexto, el directivo de la entidad adelantó
que "si se ven perjudicadas nuestras empresas, obviamente vamos a acudir al gobierno para
hacer los planteos que correspondan. Nuestra postura es clara: queremos que
se respeten los acuerdos bilaterales y por ello, en caso de ser necesario,
pugnaremos para que se
recurra al tribunal del Mercosur o a la Organización Mundial del Comercio para enfrentar
cualquier medida que vaya en contra del espíritu del libre comercio".
Más allá de los efectos, Lombardi recalcó que
"estas restricciones están vinculadas con temas de fondo: el déficit
fiscal creciente de la Argentina, las dificultades para acceder al
financiamiento externo y la fuga de dólares. En definitiva, que ahora se metan
con los servicios es una vuelta de tuerca más a las restricciones de bienes".
En Chile también se hicieron eco de los
cambios impuestos por el Gobierno kirchnerista. Así, desde la Coalición de Exportadores de
Servicios solicitaron al gobierno de Piñera que se pronuncie en contra del sistema
de declaraciones juradas.
El presidente de la entidad, Juan Antonio Gálmez,
expresó que "esta normativa, de carácter proteccionista, se constituirá en un obstáculo
importante en la fluidez de nuestras exportaciones de servicios a ese país".
El directivo alertó en ese sentido que hay en juego ventas hacia la
Argentina por más de u$s 800 millones anuales.
Gálmez aseguró que la normativa "va en contra del
espíritu del Acuerdo de Servicios negociado entre Chile y el Mercosur, que
prometía consolidar la legislación vigente en ambos países en materia de tráfico comercial
de servicios".
Cómo funciona
Desde Bairexport, consultora especializada en Comercio
Exterior, explicaron que "el sistema asigna un número de identificación a cada
declaración jurada presentada, y la información registrada será
puesta a disposición de los organismos que adhieran al mecanismo".
Dichos organismos deberán pronunciarse en un lapso
establecido en el respectivo instrumento de adhesión, que se estima en no mayor
a siete días hábiles.
Es decir que este sistema guarda numerosas similitudes
con las declaraciones juradas aplicable a los bienes, para las cuales la
Secretaría de Comercio Interior tiene la potestad de denegarlas bajo el argumento, por citar sólo un
caso, de que la empresa que las solicita importa más que lo que exporta.
De ahí el temor de los hombres de negocios de que la
cartera que conduce Guillermo Moreno se adhiera y así se sume a la fiscalización del
comercio de servicios.
Según Bairexport, entre los datos que deben consignar las
empresas desde el 1º de abril figuran:
·
Fecha y lugar de celebración del
contrato
·
Lugar de ejecución de la prestación
·
Plazo de vigencia.
·
Descripción y concepto del servicio:
monto total del contrato o factura, tipo de moneda en cantidad, así como los
importes cancelados con anterioridad a la fecha de vigencia de la resolución,
en caso de haber renegociación.
·
Forma de pago, si es en cuotas
(cantidad, fecha de vencimiento de la primera y de la última), monto de las
cuotas, tipo de moneda, forma de cancelación del primer pago,
transferencia bancaria, banco, número de cuenta y titular del destinatario de
los fondos.
Así, en la Argentina de la "sintonía fina", los controles
no son sólo para ingresar autos, repuestos o máquinas... ahora también lo
padecen las empresas que contraten servicios de otros país. Y esto incluye
desde un acuerdo por asesoramiento jurídico hasta un concierto de Lady Gaga.
Como se ve, la lupa oficial para cuidar los dólares amplía cada vez más su
alcance.
